Desde la Federación queremos expresar nuestra más rotunda denuncia por las situaciones
que están viviendo muchas familias madrileñas por el simple hecho de haber solicitado
una beca de comedor y haber caído en manos de la improvisación, la ineptitud y el
abandono de la consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. Hoy -ya mes de
octubre-, una buena parte de estas familias están desesperadas y abandonadas
La normativa salió mal redactada y los parches posteriores no han solucionado las graves
lagunas creadas, a pesar de habérsele reclamado por la FAPA a la consejería que lo hiciera.
La privatización del servicio de tramitación, además de demostrar de nuevo que desde lo
público se gestiona siempre mejor que desde lo privado, ha sido un total fiasco, resultado
de una mezcla de contratos a la baja y de la contratación de personal no formado. Y el papel
de los centros educativos está siendo inaceptable en un número elevado de casos.
Ahora se acaba el plazo ampliado de subsanaciones y muchas aún no se han podido
presentar, porque los sistemas han seguido fallando. Las secretarías de los centros
educativos están desbordadas y con sensación de impotencia, por una herramienta de la
consejería que no les deja ayudar a las familias cuando lo intentan porque nunca ha
funcionado adecuadamente, llegando incluso a tener en la aplicación del centro una
información distinta de la que aportan las familias por los mensajes que reciben.
Los centros educativos están OBLIGADOS POR LA NORMATIVA VIGENTE A TRAMITAR LAS
SUBSANACIONES, y a ayudar a las familias a que puedan hacerlo correctamente. Sin
embargo, una parte importante han rechazado ayudarlas, o se han visto forzados a ello, y
las han derivado a otras ventanillas.
Muchas familias que tienen derecho a beca, a pesar de que la consejería de Educación ha
dicho que NO SE GIRARAN RECIBOS HASTA QUE CADA SOLICITUD ESTUVIERA RESUELTA, y
de que se asumirían los costes de la parte del menú sujeto a beca, han visto como les han
llegado recibos a sus entidades bancarias, y lo que es peor, por el total del menú diario.
Esto ha provocado dejar a muchas familias sin un dinero que necesitan de forma
imprescindible, e incluso ha llevado a que muchas cuentas bancarias pasaran a estar en
descubierto, lo que, además, les ocasionará intereses por esta situación, e incluso nuevos cargos bancarios por lo que se conoce como “gastos de recobro”, que no son otros que los
del banco por exigir, no siempre de buenas maneras, que se ingrese dinero urgente para
cubrir los números rojos en la cuenta bancaria.
Y, por si fuera poco, hay centros que han enviado mensajes amenazantes a las familias que
no han podido hacer frente al recibo, o que han comentado que lo tienen que devolver, al
decirles que si no pagan deberán dejar de usar el comedor. Esto, ADEMÁS DE INHUMANO ES
ILEGAL, puesto que la normativa de la consejería establece que las familias solicitantes
tienen derecho a usar el servicio de comedor escolar, y como en ella se dice que no se
pueden girar recibos hasta que sean resueltas las solicitudes, es contrario a la normativa
vigente dejar sin comedor escolar a quienes estén en las situaciones descritas.
Pero la cosa no termina en ese punto. Dado que la norma dice que, para tener derecho a la
beca, se tiene que mantener una asistencia regular al comedor escolar, dejarles sin el
servicio llevaría consigo, como colmo del absurdo, a que perdieran el derecho a una beca
que les corresponde sin duda por su situación familiar.
Por otra parte, la consejería SIGUE SIN RESPONDER, entre otras cuestiones, a la situación
que se puede dar con familias que finalmente vean denegada la beca. A pesar de haber
solicitado la FAPA una respuesta clara a esta situación, las familias siguen sin saber si se les
hará pagar el comedor escolar con efecto retroactivo, siendo que la dilación en la
resolución está provocada por la consejería y no por las familias.
Capítulo aparte merecen las causas por las que se están solicitando las subsanaciones,
como, por ejemplo, la necesidad de presentar nuevos documentos por parte de las familias
con un solo adulto para demostrar que en éstas no existe otro, siendo que muchos trámites
para lograr esos documentos de las Administraciones tienen plazos de respuesta por parte
de éstas muy superiores al plazo de subsanación establecido por la consejería de
Educación, incluyendo la ampliación del plazo, insuficiente a todas luces.
Entre las diferentes casuísticas nos encontramos con familias que han subsanado y que
reciben nuevas incidencias que no se habían notificado en primera instancia algunas,
solicitando cosas que ya se habían presentado al inicio o incluso el absurdo de no haber
subsanado y recibir un mensaje indicando que la subsanación no es válida cuando
realmente no ha existido.
Muchas administraciones locales miran hacia otro lado, a pesar de ser las responsables, a
través de sus servicios sociales, de cubrir, en caso del precio superreducido, la tasa que la
consejería hace pagar a las familias. Cero en empatía, con una falta de sensibilidad
desmesurada teniendo en cuenta que para esos menores la comida del centro educativo es
la comida completa que pueden recibir en el día. Las competencias están claras, la
irresponsabilidad y la falta de coordinación también.
Por tanto, la FAPA exige a la consejería de Educación: que informe de una manera clara y
concisa a las familias sobre cuáles son sus derechos y cómo proceder; que actúe respecto
de los centros educativos que están generando perjuicios a las familias por actuar contra
la normativa vigente; que les obligue a que cumplan con su obligación de tramitar las
subvenciones y a que procedan a la devolución de las cantidades indebidamente cobradas;
que les prohíba expresamente dejar sin comedor escolar a cualquier familia que haya
solicitado beca en tanto que ésta no haya sido resuelta, dando tiempo suficiente con
posterioridad para regularizar la situación que se le haya generado por la dilación de la
Administración; que no vuelva a poner en manos privadas la gestión de los derechos de la
comunidad escolar madrileña; que amplie el plazo de subsanaciones todo el tiempo que
sea necesario; y que se ingrese a los centros educativos, con carácter de urgencia, la
dotación económica necesaria para poder afrontar todos los recibos de comedor que se
comprometió a asumir.
Por último, la FAPA traslada a la opinión pública que acaba de solicitar una reunión urgente
con el Defensor del Pueblo para poner todos los datos en su poder y pedirle que actúe
dentro de sus competencias, y que ultima un escrito a la Fiscalía de Menores con la misma
intención, pero por el cauce legal que a esta última instancia le corresponde recorrer.